En España no hay política, hay políticos. En esta política, ausente, se legisla para legalizar las acciones de protección de los poderes neoliberales. Lo injusto se convierte en legal para garantizar los privilegios de los que manejan la nueva e incuestionable ”posverdad”. En esta falta de ética intervienen varios actores de la “pirámide de poderes”.
En un pleno extraordinario y urgente del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrado el pasado 20 de junio se aprobó por unanimidad la subida de sus propios sueldos. Veintinueve representantes electos pertenecientes a los partidos políticos del PP, PSOE, Ciudadanos, Nueva Canarias, Unidas Podemos y Coalición Canaria decidieron aumentar sus suelditos, entre un 16 % y 18% para el equipo de gobierno y un 45% para la oposición. Injusto pero legal, el pleno fue urgente y extraordinariamente exprés, ya que duró 100 segundos.
También la Casa Real aumenta su presupuesto en 1,4%, unos 8 millones más que en 2018. Sus vacaciones nos costarán unos 1,3 millones de euros. Absolutamente legal y escandalosamente injusto.
El Tribunal Supremo da la razón, como no, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, tumbando otra política social de Ada Colau. Tan legal como injusto. El Supremo está para garantizar el cumplimiento de la ley, de las leyes de unos, no de la justicia social.
La vida es en sí misma injusta, pero las leyes son injustas cuando interesan solo a quienes las dictan.
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